Cuando se habla del euro digital en los pasillos de Bruselas o en los despachos del Banco Central Europeo (BCE), el discurso oficial suele girar en torno a términos como “privacidad protegida”, “seguridad reforzada” y “complemento al efectivo”. Sin embargo, en la práctica, detrás de esa narrativa técnica hay preguntas más prosaicas que hacen periodistas y ciudadanos: ¿podrá el Estado ver lo que pago mañana con euros digitales? ¿Se convierte mi historial de compras en un registro accesible para Hacienda o los fiscales?