En marzo de 1986 los ciudadanos españoles fueron llamados a las urnas para decidir si el país debía permanecer en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El Gobierno de entonces planteó la permanencia con tres condiciones claras: no incorporarse a la estructura militar integrada, mantener la prohibición de armas nucleares en territorio nacional y reducir progresivamente la presencia militar estadounidense.
