El FC Barcelona no ha sido capaz, por ahora, de dar una explicación pública razonable sobre los 7,3 millones de euros que, a lo largo de 17 años y bajo cuatro presidentes distintos, hizo al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira. Tampoco supo hacerlo cuando fue requerido para ello por la Agencia Tributaria y por la Fiscalía. A través de sus representantes legales, el club asumió que no disponía de ningún contrato o documentación que avalase los servicios presuntamente prestados por Negreira y echó balones fuera: “No se puede afirmar quién, por parte del FCB, fue el responsable del encargo de los servicios”, según uno de los documentos que constan en la investigación judicial, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS.
