
Un 3-1 es un resultado como otro cualquiera dentro del universo del fútbol. Podría resumirse como una cómoda victoria local. La perspectiva cambia cuando ese mismo resultado provoca una agria discusión entre jugadores de los clubes contendientes, enfrentados por haber pactado previamente un 4-1 final. Es lo que pudo suceder en un partido entre la UE Cornellà y el CD Eldense, jugado el 19 de marzo de 2017. Es uno de los encuentros sujetos a investigación al final de aquella liga de Segunda B en la que el equipo alicantino protagonizó varios marcadores sospechosos de haber sido amañados. Casi diez años después, un directivo, dos miembros del cuerpo técnico, dos jugadores y el hermano de uno de ellos se sientan en el banquillo acusados de los delitos de corrupción en los negocios y falsedad en documento privado. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la directiva actual del Eldense piden para cada uno de ellos dos años y medio de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa del doble del beneficio obtenido por el amaño de los partidos.

