La vivienda vuelve a ocupar el centro del debate político en España. El Gobierno ha aprobado nuevos decretos para intervenir en el mercado inmobiliario, reforzar la protección de los inquilinos y ampliar la oferta de vivienda asequible. Las medidas han reavivado la discusión sobre cómo frenar el encarecimiento de los alquileres y qué responsabilidad tienen las administraciones públicas en el problema. En este contexto, una declaración del economista Benito Arruñada, realizada hace más de dos años, vuelve a poner sobre la mesa una de las cuestiones más controvertidas: el papel del Estado en el precio de la vivienda.