El Tribunal Supremo ha impuesto una condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. La pena fijada consiste en una multa de 7.200 euros y en una inhabilitación especial de dos años para ejercer el cargo de Fiscal General del Estado. Asimismo, deberá asumir las costas procesales correspondientes a la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como responsabilidad civil, el alto tribunal establece que García Ortiz indemnice al empresario con 10.000 euros por los daños morales causados.
