Más de 4.000 opositores que aprobaron en 2025 las pruebas para el Cuerpo de Gestión Civil del Estado (A2) continúan sin destino asignado y perciben un salario reducido de 1.060 euros mensuales mientras permanecen en sus casas a la espera de una plaza. La situación se arrastra desde mayo del pasado año, tras superar la convocatoria de julio de 2024, y ha generado un profundo malestar entre los afectados.
