A falta de una declaración institucional o una comunicación oficial de la directiva del Barcelona, se suceden las intervenciones a título individual sobre el proceso penal abierto contra la entidad por el pago de 7,3 millones al exvicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira durante 17 años (2001-2018). La mayoría redunda en una misma idea: el Barça nunca compró a un árbitro y sus prácticas respecto a los colegiados han sido parecidas a las de cualquier club de la Liga.

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