El proceso penal abierto contra el FC Barcelona por los pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira podría tener consecuencias deportivas con independencia de que órganos como la UEFA o la FIFA decidan abrir expedientes o aplicar sanciones. El delito de corrupción en los negocios del que la Fiscalía acusa al club prevé penas de cárcel (de seis a cuatro años), de multa y de inhabilitación. Si hay condena, la inhabilitación puede concretarse en medidas que van desde la disolución de la entidad hasta la prohibición o suspensión temporal de sus actividades. Pero su aplicación requiere de tantos requisitos que, en la práctica, el escenario más probable es que el Barça tenga que asumir el pago de una multa, según las fuentes judiciales consultadas.
